PALABRAS
DEL RECTOR DE LA UNAM, JOSÉ NARRO ROBLES, EN
LA INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO “DIÁLOGOS
POR LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS”
Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
Mayo 8 de 2012
Señoras y señores, agradezco
la invitación que me hicieran el doctor Alejandro
Vera Jiménez, rector de esta Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, y el presidente de la Federación
de Estudiantes, Fermín Esquivel Díaz,
para participar en estos Diálogos por la Universidad
que Queremos. Aprovecharé esta honrosa oportunidad
para compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones
sobre una institución de suma importancia para
el desarrollo de nuestro país, la universidad
pública.
Contexto del trabajo de las
universidades públicas
En primer término, considero
importante ubicar el contexto en el que la universidad
pública lleva a cabo sus funciones en nuestra
nación. Según datos del censo realizado
en 2010, la población total de nuestro país
ascendía a 112.3 millones de habitantes. De ellos,
10 millones correspondían a los hombres y mujeres
que tenían de 19 a 23 años, esto es, a
los que se considera en edad de asistir a una institución
de educación superior.
No obstante, de estos últimos,
para el ciclo escolar 2010 sólo dos millones
980 mil formaban parte de la matrícula de educación
superior, es decir que están inscritos en un
programa de este nivel. Esto significa que la cobertura
únicamente alcanza al 29.8 por ciento de esa
población. Para tener una idea de la cantidad
tan limitada que representa esa cifra, se debe señalar
que en 2009, Finlandia tenía una cobertura de
91 por ciento, que en Estados Unidos alcanzaba casi
al 86 por ciento, que en Argentina era de 69 por ciento,
y que el promedio de América Latina era nueve
puntos superior a la nuestra.
Como parte del contexto en que desarrollan
su trabajo nuestras universidades públicas, me
referiré a dos situaciones adicionales. En primer
lugar, a que el llamado “bono demográfico”
pronto se va a empezar a agotar. Esto es, en pocos años
se acabará la ventaja que implica el hecho de
tener un contingente de personas en edad de trabajar,
superior al de las personas económicamente dependientes.
Antes de que concluya esta década,
comenzará a aumentar el índice de dependencia,
por el incremento en el número de adultos mayores,
y cerca del 2025, se habrá perdido la oportunidad
que ha representado el “bono demográfico”,
condición que, al menos en varias décadas,
ya no se volverá a registrar.
Para sacar provecho de lo que nos queda
en esa ventana de oportunidad, se deben incrementar
muchos servicios, entre otros las posibilidades de acceso
a la educación superior, lo cual no estamos haciendo
al ritmo que se requiere. Se estima, por ejemplo, que
para duplicar en 2020 la cobertura actual de educación
superior y llegar al 60 por ciento, tendríamos
que disponer de 300 mil nuevos espacios cada año.
Por ello, resulta urgente tomar la
decisión de destinar los recursos necesarios
e iniciar el camino de inmediato. Lo peor de todo es
que no tenemos un plan para conseguirlo. Desafortunadamente
todo se reduce a la retórica.
El segundo asunto está relacionado
con una dolorosa realidad de nuestro país. Según
los datos de la Encuesta Nacional de Juventud, en México
existían en 2010 cerca de siete millones 800
mil jóvenes que, por falta de oportunidades,
no estudiaban ni trabajaban; ésta, debemos reconocerlo,
es una cifra que lastima.
Por más explicaciones que se
quieran ofrecer, no puede aceptarse que tal cantidad
de jóvenes no estén en la escuela, o por
lo menos que tengan algún empleo, un empleo digno,
con las prestaciones de ley. Menos se puede admitir
que se argumente que tal número es grande porque
se trata de mujeres que cumplen con su misión
histórica: la de permanecer en sus hogares, la
de cuidar maridos, hijos y parientes viejos o con discapacidad.
No podemos aceptar estos argumentos
simplistas que eluden las obligaciones gubernamentales.
La verdad es que se requiere establecer más,
muchas más oportunidades para nuestros jóvenes,
para hombres y mujeres. No podemos aceptar que para
todos ellos no existan oportunidades educativas o laborales.
En todo caso, si hubiera que hacer una distinción
de género, es obvio que habría que dar
prioridad a las mujeres.
Estos son algunos de los elementos
que conforman parte del contexto en el cual las universidades
públicas de nuestro país realizan sus
funciones de docencia, investigación, difusión
y extensión de la cultura.
Atributos de la universidad
pública
A continuación haré una
descripción de tres de los principales atributos
de la universidad pública. Atributos que le permiten
contribuir con el desarrollo de la nación y que
debemos defender y promover. Estoy claramente hablando
de su carácter público, de la autonomía
y de la pluralidad, que implica la libre discusión
de ideas y, en consecuencia, de tolerancia.
Un aspecto que resulta decisivo para
la sociedad mexicana es, precisamente, el carácter
público que tiene el tipo de universidad a la
que hacemos referencia y a la que orgullosamente pertenecemos
quienes estamos aquí reunidos.
La condición de universidad
pública implica un claro compromiso con la sociedad
en su conjunto, para formar profesionales en todas las
áreas del conocimiento, capaces de desenvolverse
en un mundo cambiante y exigente, con conciencia social
y pensamiento crítico. El carácter público
nos obliga a ser transparentes y a rendir cuentas a
la sociedad.
El carácter público entraña
la responsabilidad de abrir las puertas del conocimiento
a los jóvenes capaces de los estratos sociales
más pobres, muchos de quienes son los primeros
de sus familias en acceder a la educación superior.
Implica también la obligación de poner
la ciencia al servicio de los más desprotegidos
y en favor de la lucha contra las graves injusticias
que prevalecen en nuestro país.
Junto con el carácter público,
la autonomía es otro atributo que distingue a
las universidades públicas de otras instituciones.
La autonomía les ha permitido contar con procesos
de decisión institucional más ágiles,
así como con una mayor flexibilidad para adaptarse
a las necesidades y demandas sociales al margen de intereses
de cualquier tipo.
Asimismo, les permite tener una mayor
legitimidad y reconocimiento en las comunidades universitarias
respecto a las decisiones y disposiciones institucionales,
en la medida en que son tomadas o avaladas, efectivamente,
por sus órganos colegiados, en libertad y con
independencia de otros grupos o sectores de interés.
La pluralidad, por su parte, nos brinda
la riqueza de contar con distintas ideas, diversos modos
de ver la vida y la sociedad, diferentes profesiones
y disciplinas con sus respectivos métodos y sistemas,
todos con la misma misión: la búsqueda
de la verdad, de la justicia y de la belleza.
La libre discusión de las ideas
que caracteriza a la universidad pública no debe
tener más límite que el uso de la razón.
La razón es el mecanismo idóneo para enseñar,
para aprender, para investigar, para difundir y acceder
a la cultura y, sobre todo, para no desviar el rumbo
en la búsqueda de la verdad.
La tolerancia, otro de los valores
universitarios fundamentales. Nos enseña el respeto
y la consideración hacia las opiniones o prácticas
de los demás, aunque sean distintas a las propias.
La tolerancia es lo que permite a los universitarios
vivir a plenitud la pluralidad y el rechazo a cualquier
signo de dogmatismo.
Importancia de la universidad
pública para la sociedad
Quiero referirme ahora a la importancia
de la universidad pública para la sociedad, particularmente,
en el caso de México. Para ello conviene preguntarse
¿Cuáles son sus principales aportaciones
y contribuciones?
Para empezar, no es exagerado afirmar
que las universidades públicas en México
han sido y siguen siendo la columna vertebral del sistema
de educación superior del país. Un sistema
que se ha expandido y diversificado en forma notable
durante las últimas décadas. De las universidades
públicas ha dependido la atención a la
mayor proporción de la matrícula que actualmente
cubre al 68 por ciento de los estudiantes de educación
superior.
Las universidades públicas han
sido también fundamentales para el desarrollo
de la educación media superior, a pesar de que
tanto la Federación como los gobiernos de los
estados, paulatinamente, se han hecho cargo de este
nivel de estudios.
Las universidades públicas son
las que cultivan la gama más extensa de campos
disciplinarios y profesionales, que incluye tanto las
ciencias y las tecnologías, como las humanidades,
las artes y las ciencias sociales. Gracias a ellas,
el país cuenta con una diversidad de programas
de posgrado de alta calidad y en ellas se lleva a cabo
la gran mayoría de las actividades de investigación
científica, social y humanista.
El desarrollo social y económico
logrado en México no podría explicarse
sin la contribución y participación de
los egresados universitarios. Los egresados y los académicos
de nuestras instituciones han tenido y tienen influencia
en la definición de las políticas públicas
que se adoptan en el país, tanto en su diseño
como en su puesta en práctica y evaluación.
En particular, a través de sus
programas de posgrado, las universidades públicas
contribuyen con el sistema nacional de ciencia, tecnología
e innovación, así como al desarrollo del
propio sistema educativo a través de los estudios
que se realizan y de la formación de profesores
e investigadores.
En el ámbito de la cultura,
que es también el de la expresión de las
ideas y de los ideales, las universidades públicas
han hecho aportaciones importantes. En ellas, además
de las acciones directas de extensión y de difusión
cultural, se forman los humanistas, los intelectuales
y los artistas de diferentes géneros, los escritores
y los poetas, los comunicadores y los expertos en el
conocimiento de la sociedad.
La universidad pública también
ha hecho aportaciones al sistema político mexicano,
entendido no únicamente como la clase política,
sino de manera más amplia como la organización
del Estado-nación. La universidad pública
ha contribuido y debe seguir haciéndolo de manera
significativa, a la construcción y consolidación
de un verdadero Estado de derecho, a la promoción
y defensa de los derechos humanos y civiles, así
como al reforzamiento de la identidad y la cohesión
de la nación.
Los estudios universitarios, además
de enriquecer y vigorizar la participación en
la vida política, propician una mayor responsabilidad
ciudadana y fortalecen los regímenes democráticos.
Fomentan una mejor convivencia social y promueven los
valores laicos que permiten superar prejuicios y adoptar
actitudes de respeto y tolerancia, de responsabilidad,
solidaridad y compromiso social. En pocas palabras,
inciden significativamente en elevar el nivel de desarrollo
humano sostenible de la población en general.
Es en las instituciones de educación
superior, sobre todo en las universidades públicas,
donde pueden recrearse y transmitirse los valores que
caracterizan a las sociedades democráticas. Es
en estos espacios de pluralidad y tolerancia, donde
los integrantes de la sociedad pueden estructurar su
pertenencia social, sin ser excluidos por su identidad
étnica, regional, lingüística, económica,
cultural, religiosa o de clase, mucho menos por su condición
de género.
Una manifestación del reconocimiento
de la importancia de la universidad pública radica
en el hecho de que es una de las instituciones que suscita
mayor confianza en la sociedad. En la población
en general, sobre todo entre los padres de familia,
prevalece correctamente la expectativa de que los jóvenes
alcancen una formación universitaria, aspiración
que no está desligada del importante papel que
han tenido las universidades públicas en la movilidad
social.
Desafíos de la universidad
pública del siglo XXI en México
Veamos ahora cuáles son los
retos que enfrenta la universidad pública mexicana
en este siglo. Cuáles son esos desafíos
que requieren de cambios y avances en la institución,
para permitirle cumplir con su misión en esta
centuria, además de hacerlo de mejor manera.
Como muchas otras de las expectativas
sociales, la educación superior constituye una
meta a lograr. En algunos países, en los más
desarrollados, estas expectativas se han convertido
en una realidad. Destaca el hecho de que en ellas es
contundente la tendencia a la universalización
de la cobertura de la educación terciaria.
En nuestro país, como se vio
anteriormente, aún estamos lejos de lograr oportunidades
educativas adecuadas para nuestros jóvenes. En
el mejor de los casos, solamente tres de cada 10 jóvenes
en edad de cursar estudios de educación superior
están inscritos en programas educativos de este
nivel.
Por otro lado, de cada 100 niños
que ingresan a la primaria, sólo 21 egresan de
la educación superior. Peor aún, únicamente
13 se titulan.
Esta situación, aunada a un
promedio nacional de escolaridad que apenas sobrepasa
los ocho años, y a un rezago escolar de 32 millones
de personas, afecta indudablemente al sistema económico,
sobre todo en la perspectiva de la llamada economía
del conocimiento, en la que resulta fundamental contar
con personas altamente capacitadas para desarrollar
labores complejas. Por supuesto que esto afecta de manera
especial las expectativas de mejoramiento social de
millones de mexicanos.
El panorama actual de la educación
en México se caracteriza, desgraciadamente, por
el rezago y por una calidad heterogénea y muy
poco satisfactoria. Ante esto, se requiere de acciones
y metas a mediano y largo plazos, así como de
una firme y decidida política de Estado para
convertir a la educación, a la ciencia y la cultura,
en motores del desarrollo nacional.
Es imprescindible promover y reivindicar
el derecho a la educación, porque constituye
la vía primordial para la superación de
la condición humana. Como lo he señalado
en otras oportunidades: se debe concebir a la educación
como un derecho humano. Considero que entenderla así,
es uno de los mayores avances éticos en la historia.
A medida que se expande el papel del conocimiento en
el mundo, el derecho a la educación debe garantizarse
también para los niveles superiores. Como bien
público y social, la educación superior
debe llegar a ser accesible para todos, bajo criterios
de calidad, equidad y pertinencia. La única condición
debe ser el cumplimiento de los requisitos académicos
establecidos.
Cabe advertir una tensión que
se da entre la formación universitaria y el llamado
“mercado de trabajo”, que probablemente
se agudizará en la medida en que se avance en
la cobertura de educación superior y en tanto
persistan las crisis económicas recurrentes tanto
en el ámbito internacional como en el nacional.
A mí me queda claro que no hay,
ni puede haber, una plena correspondencia entre la formación
universitaria y la incorporación al mercado laboral.
Ambas se rigen por fines distintos y códigos
propios.
Esto no implica que se soslaye la incidencia
recíproca entre los sistemas económicos,
los modelos laborales y los educativos.
Por supuesto que las instituciones
educativas deben buscar que los egresados tengan efectivamente
la capacidad profesional necesaria para insertarse en
el mercado laboral de la mejor forma.
Sin embargo, lo que no puede aceptarse
es que la educación pública se limite
sólo a producir profesionales para los mercados
existentes.
Las instituciones públicas de
educación superior deben mirar más allá
de los mercados, deben formar personas capaces de mejorar
las condiciones de la sociedad en general, esto incluye
los mercados que ya existen y los que pueden crearse
en el futuro.
También deben formar personas
capaces de enriquecer el espíritu humano, aunque
algunos sostengan que para ellos no existen espacios
en el mercado laboral. Las ciencias sociales y las humanidades
son fundamentales para el desarrollo de las sociedades
y no necesariamente cuentan con un nicho de mercado.
No por ello deben dejarse de lado.
Es por todo esto que he dicho y ahora
lo reitero, que las instituciones públicas de
educación superior no pueden renunciar a su responsabilidad
de formar recursos para los mercados, pero tampoco a
la de preparar personas capaces de crear nuevos mercados,
y por supuesto, a la de educar personas que, al margen
de los mercados, trabajen para enriquecer el espíritu
humano.
Las universidades públicas deben
también, y lo están haciendo, trabajar
en incrementar la calidad de la educación y en
mejorar la formación integral de sus alumnos.
La noción de calidad en la educación universitaria
no puede desligarse del vínculo imprescindible
con la sociedad y, por ende, del concepto de pertinencia.
Concepto entendido en nuestro caso, como la congruencia
y oportunidad de la educación respecto de las
necesidades sociales. Es evidente que bajo el criterio
de pertinencia no pueden reducirse las necesidades sociales
y tampoco las culturales, artísticas y humanas
al ámbito económico.
Como ya se indicó, un gran reto
del país es el de incrementar la cobertura en
educación superior. Pese a sus limitaciones de
crecimiento, las universidades públicas deben
enfrentar este desafío con medidas que ayuden
a garantizar la permanencia y el egreso de los estudiantes.
Éste es el caso, en especial, de quienes proceden
de los sectores más desfavorecidos y para quienes
la educación superior constituye un medio importante
de movilidad social, que les permite contar con mejores
oportunidades de inserción laboral en el sistema
económico y con un mejor equipamiento para la
vida ciudadana y su desarrollo personal.
También tenemos que lograr que
en todas las instancias de gobierno se comprenda que
sin educación no hay futuro y que esa comprensión
se traduzca en decisiones, en asignaciones presupuestales
y en acciones específicas.
La baja cobertura en educación
superior, más que un problema de las universidades
públicas, lo es del sistema social en su conjunto.
Se trata de un problema que tiene que ser resuelto por
el Estado nacional, por los poderes instituidos y por
el conjunto de la sociedad mexicana. Pareciera que la
norma en el caso de las universidades públicas
ha sido que exista solamente una en cada entidad federativa,
pero nada imposibilita que se puedan crear otras más.
Como tampoco nada impide que las que ahora existen puedan
crecer de forma ordenada y con los recursos necesarios.
Es imprescindible también, aumentar
y fortalecer los estudios de posgrado, en particular
los de doctorado, ya que esto permitiría incrementar
las capacidades de investigación en el país
y contar con los expertos y profesionales de alto nivel
que son necesarios para lograr una mayor productividad
y competitividad internacional. Esto no debe hacerse
de manera desligada de la investigación. Preocupa
por ello el crecimiento desmedido y sin control de las
maestrías en supuestas instituciones educativas
que pertenecen al sector privado.
Por ello, un desafío adicional
que mira al futuro, es la necesidad de incrementar sustancialmente
las actividades de investigación, no sólo
en el campo científico y tecnológico,
sino también en las ciencias sociales, las humanidades
y las artes. En México, como sucede en muchos
países de América Latina y otras regiones
en vías de desarrollo, la investigación
científica se lleva a cabo básicamente
en las universidades públicas. Sin ellas, prácticamente
no habría ciencia, y quizá tampoco investigaciones
humanísticas y sociales.
Nuestro país también
enfrenta un gran reto en materia de innovación.
Es cierto que la educación superior y sus instituciones
tienen que vincularse más con el sector productivo,
pero también lo es que éste tiene que
interesarse más en generar y promover la ciencia
y la tecnología nacionales.
En México no hay una tradición
en las empresas nacionales, con destacadas excepciones,
de destinar recursos para investigación y desarrollo.
El reto de la innovación tecnológica debe
ser abordado conjuntamente por instituciones académicas,
el Estado y la iniciativa privada. Uno solo de los laboratorios
de la industria farmacéutica multinacional invirtió
en investigación y desarrollo más del
doble de lo que destinaron el gobierno y las empresas
mexicanas en todos los campos del saber.
Los retos de la educación superior
pública son complejos. Por ello se requiere de
un adecuado financiamiento. En el caso de nuestro país,
a pesar de la expansión que la primera ha tenido
en las últimas décadas, puede sostenerse
que las pautas del financiamiento público no
han correspondido a una estrategia clara y definida.
El país no ha contado con una política
de financiamiento con visión de Estado para la
educación superior, la ciencia y la tecnología.
En la coyuntura del proceso electoral
en que nos encontramos, todos los candidatos a la presidencia
de la República han hecho planteamientos sobre
la educación superior. Algunos de los formulados
por las universidades públicas han sido retomados
por ellos. Qué bueno que así sea. Sin
embargo, nos gustarían compromisos más
sólidos. Es hora de pasar de las declaraciones
a las propuestas, de transformarlas en planes y programas
específicos, de formularlas con la intervención
de las universidades públicas.
Nos gustarían señalamientos
más firmes para ampliar el acceso de los jóvenes
a la educación superior, para incrementar significativamente
la cobertura nacional, y para implementar los presupuestos
plurianuales para las instituciones públicas.
Es hora del compromiso con la nación y, sobre
todo, con sus jóvenes. Es tiempo de que se elabore
el proyecto para que en una década se alcance
la cobertura universal en el bachillerato.
¿Qué hacer para que en
el futuro nuestra época no sólo sea identificada
como la de los grandes desarrollos tecnológicos?
¿Qué debemos modificar para que no se
nos diluyan las ideas y los sentimientos? ¿Cómo
conseguir que no sean el placer y la insaciabilidad
nuestros acompañantes principales en el viaje
de la vida? Pienso sinceramente que a las universidades
les toca poner las cosas en equilibrio. Para conseguirlo,
habremos de dar prioridad a las humanidades y las artes
en contra de las tendencias que pretenden disminuirlas.
Por ello, en la Universidad del siglo
de ustedes, de los jóvenes, cada vez serán
más necesarias la filosofía, la literatura,
la poesía, la historia, la música o las
artes plásticas.
Para concluir
Termino con algunos comentarios sobre
la gran responsabilidad que tienen las universidades
públicas y, por ende, quienes formamos parte
de sus comunidades.
En la universidad pública del
siglo XXI se debe tener muy claro que las funciones
de educar, investigar y extender la cultura, no son
fines en sí mismos, sino que constituyen medios
para responder a la sociedad en la que se ubican e interactúan
esas instituciones.
Las universidades públicas son
objeto de múltiples demandas, desde las que formulan
los propios actores universitarios, hasta las expectativas
que el gobierno y los diversos sectores sociales tienen
sobre ella.
Como se ha expresado en las recientes
conferencias mundiales de educación superior,
las universidades públicas deben reforzar sus
funciones y actividades de servicio a la sociedad, orientadas
a la erradicación de la pobreza, la intolerancia,
la violencia, el analfabetismo, el hambre, las enfermedades
y el deterioro del ambiente.
Un gran compromiso de las universidades
consiste en ayudar a construir una sociedad más
justa. El conocimiento tiene una gran responsabilidad
con la humanidad para contribuir a disminuir las abismales
desigualdades que caracterizan a muchas de las regiones
del mundo. El conocimiento no puede ser neutro, tiene
que tomar partido por lo humano, tiene que estar de
lado de los que más lo necesitan.
Schopenhauer tenía razón
cuando citaba los mitos clásicos de Ixión
y de Tántalo para plantear uno de los dilemas
fundamentales de la existencia humana: el del deseo
o la necesidad y el de la satisfacción o la saciedad.
Al respecto, Irvin Yalom pregunta si acaso nos contentamos
cuando nos saciamos. Él responde que sólo
lo hacemos por breve tiempo, que casi de inmediato nos
ponemos de nueva cuenta en movimiento para tratar de
alcanzar más de algo que paradójicamente
nos sobra, y al mismo tiempo, nos hace falta.
Cualquier similitud con la construcción
de los grandes capitales o con la acumulación
de bienes materiales, no es simple coincidencia. Lo
que llama poderosamente la atención, es que esto
no pase en el campo de los sentimientos o de la vida
interior.
Éste es el contexto y estos
son los retos y tendencias que enfrentan nuestras comunidades
en el presente. La universidad pública del siglo
XXI es la universidad pública del presente. No
podemos pensar que el siglo XXI es el futuro, el siglo
XXI es hoy. Tenemos que empezar a realizar las acciones
y tomar las medidas que permitan a nuestras universidades
ubicarse a la vanguardia de la formación de ciudadanos,
de profesionales, de maestros y doctores; de la investigación
en todas las áreas; de las aportaciones para
la solución de los problemas de nuestra región
y del país; en la vanguardia del desarrollo tecnológico
y de la innovación. El futuro lo hacemos hoy.
A los estudiantes, y en especial a
los maestros de la Universidad del siglo XXI, habría
que recordarles también que cuando no se sepa
algo, hay que decir "no sé" en vez
de intentar construir una respuesta que seguramente
será equivocada o si acaso será justificadora
de nuestro desconocimiento.
De nuevo regreso a Schopenhauer para
ejemplificar el punto con una anécdota. Un día
alguien le planteó algo que él desconocía
y sin pudor alguno respondió escuetamente: "no
sé". Su interlocutor le señaló
que pensaba que un erudito como él debía
saberlo todo. A cambio de ese señalamiento, recibió
como respuesta un contundente: "ningún conocimiento
es ilimitado; lo único que no tiene límites
es la estupidez".
Para los jóvenes una recomendación:
leer. Leer mucho, leer de todo, ¡hasta libros
de texto! Hay una tarea adicional para las universidades
de este siglo. Junto con la recuperación colectiva
de las ideas, tenemos que rescatar los ideales, los
valores y principios más tradicionales. Tenemos
que conseguir que el siglo XXI sea recordado en el futuro,
como el siglo del nuevo renacimiento. Tenemos la responsabilidad
histórica de trabajar para ello y además,
de conseguirlo.
Muchas gracias.
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